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Un proyecto en debate que busca endurecer sanciones dentro de establecimientos educacionales abre tensiones entre seguridad, derechos y eficacia normativa.
Ley busca fortalecer el régimen penal frente a delitos cometidos en colegios
La Comisión de Constitución aprobó en general un proyecto de ley que busca fortalecer el régimen penal frente a delitos cometidos en establecimientos educacionales. La iniciativa, que obtuvo 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, unifica un mensaje del Ejecutivo (boletín 18155) con una moción parlamentaria (boletín 18161) orientada a aumentar las penas por agresiones contra docentes y trabajadores de la educación.
La propuesta se inscribe en el Plan Escuelas Protegidas y plantea incorporar nuevas agravantes de responsabilidad penal para delitos ocurridos en escuelas, liceos y colegios, cuando afecten a cualquier integrante de la comunidad educativa. El objetivo es que la respuesta punitiva sea más severa y proporcional a la gravedad de los hechos.
En paralelo, la moción refundida apunta a sancionar con mayor dureza las agresiones contra equipos escolares, especialmente cuando provienen de madres, padres o apoderados, tanto dentro de los establecimientos como en actividades educativas o extracurriculares.
Radiografía de la violencia escolar
Durante la sesión, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, expuso cifras que evidencian un escenario en escalada. Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de un total de 13.465 establecimientos educacionales, el 54,6% registró al menos un caso policial durante 2025. En 116 de ellos se contabilizaron más de 38 casos en el año, equivalente a una frecuencia de al menos un hecho semanal.
A esto se suma que la Superintendencia de Educación recibió 22.680 denuncias en 2025, lo que implica un aumento del 18,7% respecto de 2024 y del 40,3% en comparación con 2022. De ese total, el 75% corresponde a situaciones vinculadas a convivencia escolar.
El incremento también se refleja en la evolución de casos entre 2021 y 2025, que los maltratos a párvulos y estudiantes pasaron de 137 a 9.299; los hechos de connotación sexual aumentaron de 33 a 1.352; y las agresiones contra adultos de la comunidad educativa subieron de 13 a 716.
Voces del sistema educativo
En la sesión participaron la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert; la subsecretaria Quintana; y la ministra de Educación, María Paz Arzola. También expusieron el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el académico Ignacio Ried.
Aguilar reconoció el aumento sostenido de la violencia en los establecimientos y respaldó el endurecimiento de sanciones para quienes agredan a docentes y asistentes. Advirtió que estos hechos no afectan solo a la víctima directa, sino al conjunto de la comunidad educativa: “¿Quién evalúa el daño en niños y niñas que presencian estas situaciones?”, planteó.
También llamó a revisar el currículum docente, señalando que la presión académica ha relegado la formación humana dentro del sistema educativo.
Debate jurídico y tensiones políticas
El académico Ignacio Ried valoró que el proyecto envíe una señal clara frente a la violencia escolar, pero advirtió sobre la aplicabilidad de las normas penales. Cuestionó, en particular, la intención de equiparar ciertos delitos a estándares de adultos, lo que podría entrar en conflicto con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Estas observaciones fueron compartidas por sectores de la oposición, que votaron en contra o se abstuvieron. Entre sus argumentos, señalaron la falta de evidencia sobre el efecto disuasivo de las nuevas agravantes, así como la ausencia de análisis sobre su impacto en niños, niñas y adolescentes.
También criticaron la tramitación con urgencia de “discusión inmediata”, que contempla un plazo de seis días, y advirtieron posibles vulneraciones a derechos fundamentales, dejando constancia de una reserva de constitucionalidad sobre el proyecto.
Prevención, formación y revisión estructural del sistema educativo
Para Revista Mandato, el avance de esta iniciativa refleja una preocupación transversal por el aumento de la violencia en el sistema educativo. Sin embargo, el debate expone una tensión de fondo, cómo equilibrar la necesidad de mayor seguridad con el resguardo de derechos y la eficacia real de las herramientas penales.
Mientras el Ejecutivo apuesta por un endurecimiento de sanciones como señal política y mecanismo disuasivo, las voces críticas advierten que el fenómeno requiere respuestas más integrales, que incluyan prevención, formación y revisión estructural del sistema educativo.
La discusión recién comienza, pero instala una pregunta clave, ¿puede el derecho penal, por sí solo, resolver una crisis que tiene raíces sociales, culturales y educativas más profundas?
Liliana Romano para Revista Mandato
