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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, advirtió que ante la proliferación de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia “se aplicará en un 100% el Decreto que firmó esta semana”, al tiempo que reclamó medidas firmes pero planteó un abordaje integral de la situación.
En diálogo con el multimedio La Gaceta, el jefe de Estado provincial manifestó que “No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó Jaldo ante la andanada de amenazas de tiroteos mediante pintadas en establecimientos escolares de la provincia.
“Es un delito”
En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que “Lo que están haciendo los chicos es un delito, decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.
Cabe recordar que el Gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.
La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”, afirmó Jaldo.
Un abordaje integral: familia, escuela y Estado
El mandatario planteó un enfoque que involucra a todos los actores, al señalar que “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”. Y agregó que “No se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”, sostuvo.
Si bien consideró válido el trabajo de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios, fue crítico sobre su efectividad, manifestando que “Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando”.
Al menos 15 denuncias
Según precisó Jaldo, hasta el momento se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia, vinculadas a pintadas amenazantes en los baños de los establecimientos.
“Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.
El gobernador insistió en que el problema excede a la provincia, pero subrayó la responsabilidad local, al indicar que “Lo que estamos viviendo en los establecimientos educativos excede los límites de Tucumán, pero como autoridades provinciales nos tenemos que preocupar por lo que pasa aquí”, afirmó.
Sanciones disciplinarias y casos concretos
El mandatario también se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza.
“A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, indicó.
Mayor presencia policial en escuelas
Al concluir la entrevista, Jaldo adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo.
Incluso, señaló que los uniformados podrían recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.
El límite como mensaje, la educación como desafío
El discurso oficial se apoya en una premisa clara porque sin consecuencias, no hay orden. La decisión de aplicar con rigor el decreto y tipificar las amenazas como delito busca restablecer un principio básico de convivencia que, según el propio gobernador, se ha debilitado.
Sin embargo, el énfasis en la sanción convive con una admisión implícita, es decir los mecanismos de contención vigentes no están dando resultados. Allí emerge la tensión central de este escenario. ¿Puede una política basada en el endurecimiento disciplinario resolver un fenómeno que el propio Gobierno reconoce como más amplio y transversal?
El señalamiento hacia las familias y la crítica a los dispositivos pedagógicos evidencian una búsqueda de responsabilidades compartidas. Pero también dejan al descubierto la fragilidad estructural, la dificultad para construir respuestas eficaces frente a conductas atravesadas por nuevas formas de exposición, conflicto y demanda de atención.
Entre el castigo ejemplificador y la necesidad de comprender las causas, el sistema educativo se enfrenta a una encrucijada. El riesgo no es solo que las amenazas continúen, sino que la respuesta quede atrapada en la urgencia, sin lograr transformar el trasfondo que las produce.
