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El reciente pronunciamiento del Gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, no debería leerse como una declaración más dentro de la rutina institucional. Es, en realidad, una advertencia que expone la dependencia crítica de las economías regionales frente a variables que no controlan. El aumento del gas, y de la energía en general, deja de ser un problema sectorial para convertirse en un factor de inestabilidad productiva.
Jaldo vincula el encarecimiento energético con el contexto internacional, particularmente con la conflicto en Medio Oriente. No es un diagnóstico errado. Las tensiones geopolíticas suelen trasladarse con rapidez a los precios de los insumos estratégicos. Pero hay un punto donde la explicación global deja de alcanzar cuando el impacto golpea con mayor dureza a paises cuya competitividad ya es débil.
El corazón productivo bajo presión
Tucumán no es ajeno a esa vulnerabilidad. La provincia está a las puertas de tres ciclos productivos centrales colo lo son la zafra azucarera, la cosecha de granos y la actividad citrícola. Todos dependen, en mayor o menor medida, de la energía. El gasoil mueve la maquinaria; el gas enciende los ingenios; la logística consume combustible de forma intensiva.
En ese esquema, el aumento de costos no es lineal sino acumulativo. Cada eslabón encarece el siguiente. Y cuando eso ocurre, la rentabilidad no solo se reduce, se vuelve incierta. El planteo del gobernador es claro en ese punto al remarcar que con energía cara, las economías regionales pierden margen hasta volverse inviables.
Cuando una economía se debilita, no solo cae la producción, se resiente el empleo, se tensiona el tejido social y se profundizan las asimetrías entre el centro y la periferia del país.
La política energética como campo de disputa
Al señalar que la responsabilidad es del Gobierno nacional, Jaldo introduce el elemento político que atraviesa todo el debate. No es una afirmación inocente. Es un posicionamiento. La energía, en Argentina, siempre ha sido un terreno de disputa entre subsidios, tarifas y equilibrios fiscales.
El reclamo de “contener precios” o establecer topes no es nuevo, pero adquiere otra dimensión cuando se lo vincula con la producción. Ya no se trata solo del impacto en el consumo domiciliario, sino de la capacidad de sostener actividades que generan divisas y empleo.
Ahora cabe preguntarse ¿hasta qué punto el Estado puede intervenir para amortiguar costos sin comprometer otras variables macroeconómicas? Y, más aún, ¿qué ocurre cuando esa intervención no llega o lo hace de forma insuficiente?
Entre la escasez y el costo: el doble riesgo
El gobernador introduce como segundo elemento, que agrava el escenario, la posibilidad de escasez. No es un detalle menor. La historia energética argentina ha demostrado que el problema no es solo cuánto cuesta la energía, sino si está disponible cuando se la necesita.
En plena temporada productiva, la falta de gas o combustible no se traduce en pérdidas graduales, sino en interrupciones abruptas. Y en economías intensivas en tiempo, como la zafra, esas interrupciones pueden ser irreversibles, si no se adoptan medidas para no tener que paralizar o mermar la producción.
Señal de alerta
El planteo de Jaldo deja una conclusión incómoda, que las economías regionales siguen atadas a decisiones que se toman lejos de su realidad productiva. La energía, lejos de ser un insumo más, se ha convertido en una variable que define ganadores y perdedores.
La discusión de fondo no es si el gas está caro, eso es evidente, sino qué modelo productivo puede sostenerse bajo esas condiciones. Si la respuesta es “ninguno”, entonces el problema ya no es energético, es estructural.
Y en ese punto, la advertencia deja de ser una queja coyuntural para convertirse en una señal de alerta sobre el futuro económico del interior argentino.
Por Liliana Romano para Revista Mandato
