revistamandato.com 
La muerte de Daniel Eloy Hidalgo Cerda, estudiante de apenas 21 años de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, ocurrida este miércoles 6 de mayo, no puede ser archivada como un “accidente”. Tampoco puede diluirse detrás de un comunicado institucional redactado con frases previsibles, condolencias tardías y referencias abstractas a protocolos que, a la luz de los hechos, evidentemente fallaron.
Murió en un aula
Un joven murió electrocutado manipulando, presuntamente, un tablero de alta tensión durante una clase. Murió en un aula del INACAP (Instituto Nacional de Capacitación Profesional) de Chile. Murió en un espacio que debía estar diseñado precisamente para evitar este tipo de tragedias.
Y eso obliga a hacer preguntas incómodas.
Porque cuando una institución educativa expone a sus alumnos a equipamiento de riesgo, no alcanza con enseñar teoría, debe garantizar seguridad absoluta. No relativa. No parcial. Absoluta. La investigación de la PDI (Policía de Investigaciones), sobre una eventual negligencia no es un detalle menor. Es el núcleo del problema.
¿Quién autorizó esa práctica?
Un tablero que de voltios elevados no es material pedagógico inocuo. Se trata de equipamiento de riesgo letal. Por eso resulta inevitable preguntarse:
¿El tablero tenía certificación vigente?
¿Había auditorías técnicas periódicas?
¿Existían protocolos escritos y verificables?
¿Los sistemas de corte automático funcionaban?
¿Había supervisión directa suficiente?
¿Los alumnos contaban con elementos de protección personal adecuados?
¿La práctica estaba correctamente evaluada en términos de riesgo?
Y la pregunta más grave de todas:
¿Cómo un estudiante termina electrocutado mortalmente dentro de una clase sin que existiera una barrera de seguridad capaz de impedirlo?
Responsabilidades
En instituciones que trabajan con electricidad industrial, la prevención no es un complemento administrativo. Es la esencia misma del sistema educativo técnico. La seguridad debe estar integrada al diseño de cada práctica, cada tablero, cada conexión y cada procedimiento.
Cuando eso falla, no estamos frente a un error menor. Estamos frente a una cadena de responsabilidades.
El silencio institucional también comunica
La reacción pública de Inacap deja más dudas que certezas.
El comunicado llegó después de horas de conmoción social y mediática. Recién entonces la institución anunció suspensión de clases para el 7 y 8 de mayo y aseguró haber “activado todos sus protocolos”.
Pero hay un dato particularmente delicado, durante la mañana posterior a la tragedia todavía hubo actividades académicas.
¿Cómo puede una institución continuar con normalidad luego de la muerte de un alumno electrocutado en una práctica técnica?
La pregunta no es emocional, es ética y operacional.
Porque tras un hecho de esta magnitud corresponde asegurar el área, paralizar actividades potencialmente riesgosas, revisar instalaciones, contener psicológicamente a estudiantes y docentes, y realizar una auditoría inmediata de todos los sistemas eléctricos utilizados en clases.
Nada de eso puede esperar.
Mucho menos en carreras vinculadas precisamente al mantenimiento industrial y manejo de alta tensión.
La normalización de riesgos por encima de la vida
Existe además un problema estructural que atraviesa buena parte de la educación técnica latinoamericana, la normalización del riesgo.
Durante años, muchos institutos han construido una cultura donde “aprender haciendo” termina degradándose en “aprender exponiéndose”. Y entre ambas cosas hay una diferencia enorme.
La formación técnica exige rigurosidad extrema. No alcanza con enseñar a operar maquinaria, hay que enseñar a sobrevivir a ella.
Porque la electricidad no perdona improvisaciones.
Y si un alumno puede morir durante una práctica, entonces el sistema completo merece ser revisado.
Desde los protocolos internos hasta las certificaciones externas. Desde la capacitación docente hasta la mantención del equipamiento. Desde la trazabilidad de los tableros hasta la supervisión institucional.
El peso moral de una muerte evitable
Ningún comunicado institucional puede neutralizar el hecho central de que un joven salió de su casa para estudiar y no volvió.
La educación debería ampliar futuros, no clausurarlos.
Daniel Eloy Hidalgo Cerda no murió en una fábrica clandestina ni en una situación azarosa de la vía pública. Murió dentro de una institución cuya obligación primordial era protegerlo.
Por eso la investigación no debe limitarse a determinar responsabilidades penales individuales. También debe abrir un debate profundo sobre las condiciones reales en que se imparten prácticas técnicas de riesgo en muchas instituciones educativas.
Porque cuando una tragedia ocurre dentro de un aula, no sólo fracasa un protocolo.
Fracasa toda una estructura que debía impedir que algo así sucediera.
Por Liliana Romano para Revista Mandato
