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Ley Martín avanza con amplio respaldo en el Senado. El proyecto busca reforzar la seguridad en el transporte escolar y responsabilizar a conductores y empresas durante todo el trayecto de niños y adolescentes.
Con apoyo unánime, el Senado aprobó en general la iniciativa que modifica la legislación sobre transporte escolar y eleva la responsabilidad de conductores y empresas encargadas del traslado de estudiantes. La propuesta surgió tras la muerte de Martín Navarro Jorquera, un niño de 12 años que falleció en 2022 luego de ser atropellado al descender de un furgón escolar en la región de Los Ríos.
La discusión parlamentaria dejó en evidencia no solo la necesidad de fortalecer los estándares de seguridad, sino también las dificultades de infraestructura y fiscalización que enfrentan muchas zonas rurales.
Un cambio en la responsabilidad del transporte escolar
El proyecto modifica la ley N°19.831 y establece que los conductores deberán garantizar la seguridad física de niños, niñas y adolescentes durante todo el servicio, desde que son recibidos en el vehículo hasta su entrega en el establecimiento educacional, domicilio o punto previamente acordado.
La iniciativa también incorpora obligaciones para empresarios del transporte y amplía las exigencias para quienes tengan contacto directo con estudiantes. Entre ellas, se contempla la revisión de antecedentes en el Registro General de Condenas y en el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores.
También se reafirma que los servicios de transporte escolar incluyen tanto a empresas privadas como a los servicios proporcionados por municipios o establecimientos educacionales.
El caso que impulsó la ley
La denominada “Ley Martín” nació tras la tragedia ocurrida en la comuna de Lanco, donde Martín Navarro Jorquera murió al bajar de un transporte escolar en una ruta cercana a su hogar.
Durante el debate, varios legisladores señalaron que la propuesta transforma ese hecho doloroso en una obligación pública de cuidado, elevando a rango legal medidas de seguridad que hasta ahora dependían de criterios particulares o de protocolos insuficientes.
También se destacó que el momento de ascenso y descenso de los estudiantes es considerado uno de los puntos más riesgosos del trayecto escolar.
Debate por la realidad rural y los costos
Senadores de distintos sectores coincidieron en que la precariedad vial en zonas rurales representa un desafío adicional para la aplicación de la norma. En ese contexto, se planteó la necesidad de elaborar un catastro de puntos críticos y establecer un reglamento que defina estándares mínimos para lugares habilitados de detención, incluyendo señalética obligatoria.
Otro de los temas discutidos fue la incorporación de acompañantes dentro de los vehículos escolares y la definición precisa de sus funciones en el cuidado de los menores.
No obstante, algunos parlamentarios advirtieron sobre el riesgo de “sobrerregular” el sistema y encarecer aún más un servicio que ya resulta costoso en muchas comunas del país. La preocupación por la fiscalización también estuvo presente durante toda la sesión, especialmente por la falta de personal y recursos para controlar el cumplimiento de las nuevas exigencias.
Próxima etapa legislativa
El proyecto continuará ahora su discusión en particular. Senadores y el Ejecutivo tendrán plazo hasta el 4 de junio para presentar indicaciones que permitan perfeccionar la iniciativa antes de su votación definitiva.
