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El proyecto busca reforzar la seguridad y el orden en establecimientos educacionales, por este motivo la Comisión de Educación continúa el análisis del proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa y que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo con discusión inmediata.
La instancia acordó seguir realizando audiencias durante los próximos días y votar en general la iniciativa el lunes 11 de mayo. Además, el lunes 18 se debatirían las indicaciones presentadas, con el objetivo de que la Sala del Senado pueda revisar y votar el texto esa misma semana para despacharlo a tercer trámite constitucional.
El proyecto fue revisado por el presidente de la comisión, el senador Gustavo Sanhueza, junto a la senadora Yasna Provoste y los senadores Vlado Milosevic, Rojo Edwards y Cristián Vial, en sesiones desarrolladas entre el 4 y el 6 de mayo.
Audiencias y debate legislativo
Para el lunes 11 se espera recibir a cinco nuevos invitados que solicitaron ser escuchados. Ese día también se fijaría el plazo interno para presentar indicaciones, previsto para el viernes 15 de mayo.
Posteriormente, el miércoles 13 y jueves 14 continuarían las audiencias, mientras que el lunes 18 se debatirían las enmiendas.
Durante las sesiones, la senadora Yasna Provoste y el senador Vlado Milosevic solicitaron al Ejecutivo retirar la urgencia del proyecto para permitir una discusión más amplia y escuchar a todos los actores involucrados sin premura, considerando que muchas observaciones podrían transformarse en indicaciones.
Autoridades y organizaciones expusieron ante la comisión
En el marco del debate participaron autoridades de distintas áreas del Estado, entre ellas la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; la ministra de Salud, May Chomali; el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez; la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana; y el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet.
También expusieron el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic.
Entre las organizaciones invitadas estuvieron la Unión de Profesionales de la Educación, Fundación Escuelas Abiertas, el Colegio de Profesores, la UNESCO, Unicef Chile y representantes académicos y directivos de establecimientos educacionales.
Argumentos a favor de la iniciativa
Quienes respaldan el proyecto sostienen que la actual legislación limita la capacidad de acción de directivos y docentes frente a situaciones de violencia escolar. Entre los principales argumentos se señaló que:
El reglamento de la Ley Aula Segura no establece procedimientos claros frente a hechos violentos.
Las normas vigentes dificultan que equipos directivos y docentes puedan contener situaciones de violencia.
La Superintendencia de Educación prohíbe revisar mochilas sin orden judicial.
El proyecto entrega herramientas concretas para actuar en contextos de urgencia.
Se busca permitir la revisión de mochilas, facilitar la intervención policial y prohibir el uso de overoles y capuchas.
También contempla sanciones para quienes interrumpan clases o alteren el funcionamiento normal de los establecimientos.
Se propuso además crear un sistema paralelo para estudiantes expulsados por violencia escolar, promoviendo exámenes libres y apoyo emocional.
Críticas y cuestionamientos
Los sectores críticos consideran que la iniciativa tiene un enfoque excesivamente punitivo y centrado en el control.
Entre las observaciones planteadas destacan:
El problema de fondo no se resolvería únicamente con revisiones de mochilas o expulsiones.
Estudios indicarían que las políticas punitivas no reducen la violencia escolar.
Se enfatizó la necesidad de fortalecer el apoyo psicosocial para estudiantes y familias.
El proyecto no aborda de forma suficiente la salud mental.
Se cuestionó la efectividad de los programas de acompañamiento escolar actuales.
Algunos expositores afirmaron que las sanciones pueden generar más violencia en vez de aprendizaje.
Se propuso diferenciar sanciones según la edad de los estudiantes, especialmente desde los 14 años, cuando existe responsabilidad penal adolescente.
También se criticó la eventual pérdida de gratuidad en educación superior para estudiantes condenados, argumentando que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
Otro punto controvertido es la posibilidad de llamar a Carabineros cuando un estudiante se niegue a permitir la revisión de su mochila y su apoderado no concurra al establecimiento.
Asimismo, se planteó la necesidad de que los apoderados asuman responsabilidad por daños a la infraestructura escolar ocasionados por sus hijos.
Cifras que preocupan
Durante las exposiciones, autoridades de seguridad y organismos públicos entregaron cifras que reflejan el aumento de la violencia escolar en Chile:
De 13 mil establecimientos educacionales, siete mil registraron al menos un caso de violencia escolar en 2025.
Esto generó 56 mil denuncias policiales.
Las denuncias aumentaron un 18% respecto de 2024.
Del total de casos, un 17% correspondió a lesiones leves, un 11% a amenazas y un 1,4% a situaciones relacionadas con drogas.
Un total de 16 mil casos estuvieron vinculados a delitos contra la vida e integridad de las personas.
Las regiones con más denuncias son Metropolitana (30%), Biobío (11%), Valparaíso (10%) y La Araucanía (7%).
El maltrato hacia párvulos y escolares aumentó un 23% entre 2024 y 2025.
Las agresiones contra docentes y equipos directivos crecieron un 129%, alcanzando 312 mil casos en 2025.
Las denuncias de convivencia escolar pasaron de ocho mil en 2019 a 22 mil en 2025.
Las agresiones de estudiantes a profesores aumentaron un 39%.
Tras el atentado de Calama, Carabineros recibió 2.200 denuncias de violencia escolar, generando 2.450 procedimientos y 159 detenidos.
El programa de Seguridad Integral de Carabineros registró 78 mil derivaciones de menores y adolescentes en 2025.
Además, se abrieron 7.700 expedientes bajo la Ley Aula Segura, de los cuales 2.500 terminaron en expulsiones y 550 estudiantes no regresaron al sistema escolar.
Salud mental y convivencia escolar
El ministro de Salud, puso especial énfasis en la capacitación de docentes y asistentes de la educación para enfrentar hechos de violencia escolar.
“A la fecha se han capacitado 14 mil funcionarios y se han realizado 466 talleres presenciales. Se aborda cómo activar la primera ayuda psicológica y proceder a la derivación, pero no todo se trata de enviar al niño conflictivo al psicólogo. Los equipos de convivencia escolar deben contar con herramientas para contener”, señaló May Chomali.
Lo aprobado previamente por la Cámara
El texto ya aprobado por la Cámara permite que los sostenedores incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de estudiantes, excluyendo vestimentas y cualquier revisión corporal o exigencia de desnudamiento.
Si durante la revisión se encuentran elementos peligrosos o destinados a agredir, el establecimiento deberá informar de inmediato a los padres y apoderados, además de dar aviso a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
La normativa también establece que cada establecimiento deberá definir qué personal estará autorizado para realizar estas revisiones. En el caso de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, el procedimiento deberá contar con apoyo de profesionales del Programa de Integración Escolar o de convivencia escolar.
Asimismo, el proyecto considera como faltas graves los actos destinados a impedir clases, interrumpir actividades académicas o alterar el normal funcionamiento escolar, excluyendo aquellos hechos involuntarios.
Finalmente, la propuesta establece que estudiantes condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad pública y privada no podrán acceder a gratuidad en la educación superior durante un período de cinco años.
