revistamandato.com 
En una sesión marcada por interrogantes clave sobre política pública y justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile, solicitó al Ejecutivo precisiones respecto al número de solicitudes de indultos presidenciales, así como los lineamientos que regirán el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos.
La instancia, presidida por la senadora Fabiola Campillai, contó con la participación de los senadores Fidel Espinoza, Enrique Van Rysselberghe y Matías Walker, junto a las senadoras Claudia Pascual y Yasna Provoste, además de la diputada Lorena Pizarro. En la jornada, expusieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, quienes detallaron las prioridades legislativas del Ejecutivo. También estuvieron presentes agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, aportando una dimensión humana y urgente al debate.
Indultos presidenciales: cifras y exigencias
Uno de los puntos centrales abordados fue el número de solicitudes de indultos presidenciales. La senadora Campillai planteó la necesidad de incorporar la voz de las víctimas o sus familiares en el proceso de evaluación, antes de que se adopten decisiones al respecto.
En respuesta, el ministro Rabat informó que actualmente existen 28 solicitudes de indulto, 20 de ellas ingresadas antes del 11 de marzo de 2026 y 8 posteriores a esa fecha. Asimismo, precisó que estas peticiones no están exclusivamente vinculadas a los hechos del denominado estallido social, ampliando el espectro del debate.
Planes nacionales bajo revisión
Los legisladores también solicitaron detalles sobre el avance y contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda, instrumentos considerados fundamentales para abordar deudas históricas en materia de verdad, justicia y reparación.
En paralelo, se consultó al Ejecutivo sobre su postura frente al proyecto que busca conmutar penas para adultos mayores y personas enfermas. Sobre este punto, el ministro indicó que el Gobierno no ha fijado una posición, considerando que la iniciativa ha recibido cerca de 500 indicaciones, por lo que se optará por esperar el desarrollo del trámite legislativo.
Próximos pasos: más voces en la discusión
Como resultado de la sesión, la Comisión acordó extender la discusión e invitar nuevamente al ministro en una próxima jornada, con el objetivo de continuar recibiendo planteamientos desde organizaciones de la sociedad civil y profundizar el análisis de estas materias sensibles.
Demandas no resueltas
El debate expuesto en la Comisión revela una tensión persistente entre decisiones administrativas y demandas sociales no resueltas. La falta de definiciones claras por parte del Ejecutivo en temas como los indultos o la conmutación de penas evidencia una estrategia de cautela política frente a escenarios complejos, pero también abre interrogantes sobre la conducción en materia de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, la insistencia en incorporar la voz de las víctimas en procesos como los indultos marca un punto de inflexión en la discusión pública; ya no basta con resolver desde lo institucional, sino que se exige legitimidad social y ética en cada decisión. En este contexto, los planes nacionales en elaboración no solo deberán responder a compromisos formales, sino demostrar eficacia real frente a una ciudadanía cada vez más exigente.
